Y volviendo al Día Internacional de la lucha contra la homofobia y la posición del gobierno federal

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17 de mayo en los Pinos: 5 reflexiones iniciales.
1. La invitación del presidente de la República a un grupo de personas pertenecientes a los colectivos LGBT para asistir el 17 de mayo a la residencia oficial de los Pinos es un acto histórico, porque conmemora por primera ocasión el evento y porque proviene –quien lo viera— de un gobierno federal priísta (recuerdo que quien incorporó la pastilla del “día después” al cuadro oficial de medicamentos fue un panista: Vicente Fox, mismo que encabezó, por única ocasión en la historia del Consejo, una sesión de CENSIDA). En tanto, la CDMX no hizo ningún evento significativo a este respecto, y los partidos denominados de izquierda se perdieron en sus luchas internas contra sus dirigencias nacionales y de diversidad sexual. Así, el “rebase por la izquierda” no solo obedece, como aseguran algunas voces, a la intención electorera y el largo colmillo político del PRI y el gobierno federal, sino a una gran incapacidad de otras expresiones políticas para avanzar. La lección es clara: el movimiento LGBT mexicano tiene que diversificar su apuesta política para ser un movimiento de mayor repercusión social.
2. Es cierto que no se trata de concesión graciosa y que existen cuatro décadas de lucha sexo-política detrás de los acuerdos tomados por el Presidente Peña Nieto, décadas donde muchas personas han sufrido violencia, marginación, negación de derechos y hasta la muerte; también es cierto que estas demandas no fueron parte de la agenda del gobierno federal actual y que sin duda le traerán cierto beneficio en imagen dentro y fuera del país (ya la ONU se ha pronunciado reconociendo los acuerdos). Pero negar lo significativo que resulta la iniciativa como impulso para la consecución de metas del Movimiento LGBT significa negar el sentido mismo de esa lucha de tantos años, negar justamente el valor de muchos esfuerzos que han sumado para construir un movimiento que sigue avanzando.
3. Lo acordado por el presidente Peña Nieto requiere dos procesos de política pública que deberán implicar un gran esfuerzo de trabajo organizado más allá de las selfies o las fotografías oficiales. Por un lado, trabajo serio de incidencia política con todos los partidos políticos nacionales para lograr la aprobación de las iniciativas enviadas por el ejecutivo al Congreso de la Unión, relacionadas con modificaciones a la Constitución General de la República, y posteriormente, con los Congresos locales, evitando salidas fáciles como las que me temo algunas izquierdas puedan enarbolar, tales como votar en contra solo porque la propuesta es oficial. Aquí será necesaria la articulación con movimientos LGBT locales en al menos 16 entidades federativas para que hagan lo propio. Por otro lado, se requerirá un esfuerzo muy serio y estratégico con el CONAPRED para organizar las mesas de trabajo con dependencias y entidades para avanzar en lo concerniente a los aspectos acordados que dependen del propio ejecutivo. Esas mesas deberán ser de trabajo, no de gritos y manotazos, es decir: propositivas.
4. Lo aprobado no alcanza a cubrir todas las demandas del movimiento de disidencia sexual, pero sí se constituyen como avances innegables. Los temas matrimonio igualitario y reconocimiento de identidad Trans dejaron de ser una demanda para convertirse en un problema de política pública: han entrado a la agenda institucional nacional y esperan el proceso propio de la hechura de políticas.
5. Sigue ahora impulsar otros muchos temas aún pendientes, la lista es larga y necesaria, y requiere trabajo conjunto más allá de agendas personales. Tanto para dar seguimiento a lo que ya entró, así como para meter lo que falta a la agenda de gobierno, se requiere dejar al lado la mezquindad, superar diferencias y trabajar conjuntamente en una agenda común. Rescatar experiencias exitosas respecto de la suma de voluntades a lo interno del Movimiento (como las de España o Argentina) y avanzar, no sin diferencias pero trabajando sobre ellas.